El mercado de bonos verdes ha experimentado un crecimiento significativo desde su inicio en 2008, cuando el Banco Europeo de Inversiones emitió el primer bono verde. Estos instrumentos financieros, destinados a patrocinar proyectos con impacto positivo en el medio ambiente, han evolucionado y se han expandido globalmente, abarcando desde compañías privadas hasta gobiernos.
En el primer trimestre de 2018, las emisiones de bonos verdes ascendieron a alrededor de 30.000 millones de dólares, y en el primer trimestre de 2021, esta cifra se disparó a más de 130.000 millones de dólares. Este fenómeno refleja no solo el aumento de la demanda de inversores sino también la expansión de la conciencia global sobre la necesidad de financiar proyectos sostenibles. Sin embargo, la sombra del «lavado verde» o greenwashing ha afectado la credibilidad de estos bonos, llevando a la Unión Europea a aprobar recientemente normas que buscan abordar este desafío.
El Desafío del Greenwashing
El concepto de «verde» se ha vuelto ambiguo con el tiempo, dando lugar a diferentes taxonomías y estándares en un intento por definir de manera más clara qué proyectos son elegibles para financiamiento verde. A pesar de estos esfuerzos, persisten críticas sobre la falta de uniformidad y la posibilidad de que algunos bonos verdes no cumplan verdaderamente con su propósito inicial.
Rigor en la Certificación Verde
Europa ha consolidado su posición como líder mundial en emisiones de bonos verdes, contribuyendo con más del 50% del volumen global en 2021. Aunque la emisión de bonos verdes representa solo entre el 3% y el 3.5% del mercado global de bonos, la aprobación de nuevas normas por parte del Parlamento Europeo busca fortalecer la confianza en estos instrumentos financieros y apoyar la transición hacia la neutralidad climática.
La nueva etiqueta «Bono Verde Europeo» busca proporcionar a los inversores una guía confiable al elegir empresas sostenibles y evitar el greenwashing. La etiqueta europea se presenta como la primera de su tipo en el mundo y tiene como objetivo aumentar la seguridad de las empresas emisoras y el interés de los inversores.
Para obtener la etiqueta de «Bono Verde Europeo», las empresas deben revelar información detallada sobre el uso de los ingresos de los bonos, con al menos el 85% destinado a actividades alineadas con la taxonomía de actividades sostenibles de la UE. Además, se requiere que demuestren cómo estas inversiones contribuyen a la transición hacia una economía de cero emisiones netas de carbono. El sistema también establece un marco de supervisión y un registro para los revisores externos.
Desafíos y Controversias
A pesar de estos avances, las críticas persisten. El crecimiento explosivo en la emisión de bonos verdes ha llevado a acusaciones de greenwashing, especialmente cuando las empresas emisoras no cumplen completamente con los estándares medioambientales en todas sus operaciones. La pregunta fundamental sigue siendo: ¿cómo se puede garantizar con rigor que los bonos verdes no son una fachada para prácticas insostenibles?
La disparidad de criterios sobre si un bono es greenwashing persiste, incluso con estándares globales establecidos por organizaciones como la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA). La batalla dialéctica se centra en la percepción de las empresas en su conjunto versus la evaluación de proyectos individuales. La dificultad radica en conciliar la imagen pública de la empresa con la realidad de sus prácticas medioambientales.
Hacia una Resolución
La evolución de este debate apunta hacia un enfoque europeo que considera la «doble materialidad»: no sólo la materialidad financiera, sino también el impacto ambiental global de la empresa. La revisión de los Principios de Bonos Verdes del ICMA sugiere que los bonos «vinculados» a objetivos medioambientales podrían ser la clave para garantizar la verdadera sostenibilidad. Si una empresa no cumple con estos objetivos, los inversores podrían recibir una prima.
La regulación y normativas en torno a los bonos verdes son esenciales para mitigar el riesgo de greenwashing y fortalecer la confianza de los inversores. La necesidad de estándares uniformes a nivel internacional se vuelve evidente, y aunque la batalla dialéctica continúa, la transparencia y la obligatoriedad de informar sobre riesgos climáticos son los primeros pasos hacia un mercado de bonos verdes verdaderamente sostenible. En los próximos años, las presiones gubernamentales seguirán dando forma a las condiciones que clarificarán este debate sobre la sostenibilidad financiera.
Para evitar el greenwashing se requieren auditorías y certificaciones para asegurar que las empresas están cumpliendo con las regulaciones ambientales que les aplican. Por esto, terceras entidades independientes tienen un rol fundamental en la construcción de las certezas que el mercado necesita para asegurar que se están evitando prácticas de «lavado».
Bibliografía:
1. Bono verde.
