El cumplimiento ambiental en construcción tiene más capas de las que aparecen a simple vista. Construir un edificio en Chile implica generar polvo, residuos y ruido, que en consecuencia genera molestias a los vecinos.
Hasta ahí, nada nuevo. Lo interesante es cómo distintas empresas gestionan estos impactos y qué nivel de requerimientos ambientales de obra deciden asumir: algunas cumplen estrictamente lo que dice su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), otras aplican estándares internos que van más allá de la norma, y unas cuantas combinan ambas cosas con sistemas de gestión certificados.
En este camino, ¿cuál es el mínimo ambiental para una obra de construcción? Y la respuesta, como suele pasar en temas regulatorios, depende de varios factores.
La Resolución de Calificación Ambiental: el documento que manda (cuando existe)
La Resolución de Calificación Ambiental es el acto administrativo que aprueba un proyecto tras su evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según el artículo 71 del Reglamento del SEIA, el titular del proyecto «durante todas las fases de este, deberá someterse estrictamente al contenido de la Resolución de Calificación Ambiental respectiva».
Esto significa que si tu RCA establece la instalación de barreras acústicas de 6 metros de altura con densidad superficial de al menos 660 kg/m², eso es exactamente lo que debes instalar. Si indica que las junturas deben ser herméticas entre paneles y con el piso, cualquier fuga reduce la efectividad de la medida y constituye un incumplimiento fiscalizable. La SMA verifica estas condiciones en terreno y puede formular cargos si detecta desviaciones.
Un caso ilustrativo: en 2021, la SMA fiscalizó el proyecto inmobiliario «Jardines de Alvarado» en Independencia (RCA N°255/2020) tras denuncias vecinales. La medición en terreno registró 65 dB(A), superando en 5 dB(A) el límite de 60 dB(A) establecido por el DS N°38/2011 para Zona II en período diurno. El procedimiento sancionatorio (D-148-2023) sigue su curso.
Las consecuencias de incumplir están claramente definidas en la Ley 20.417. Las infracciones se clasifican en leves, graves y gravísimas. Las gravísimas pueden significar multas de hasta 10.000 unidades tributarias anuales, clausura temporal o definitiva, o incluso la revocación de la RCA. Y hay más: el artículo 37 bis establece sanciones penales para quien «maliciosamente presentare a la Superintendencia del Medio Ambiente información falsa o incompleta para acreditar el cumplimiento de obligaciones impuestas en una resolución de calificación ambiental».
Cuando la obra opera sin RCA: el mínimo legal fragmentado
Aquí viene la primera distinción importante en materia de requerimientos ambientales de obra. Muchos proyectos de construcción, especialmente edificaciones menores o aquellas que no superan los umbrales del artículo 10 de la Ley 19.300, ingresan al mercado sin pasar por el SEIA. Esto significa que no tienen RCA y, por lo tanto, no existe un documento único que defina sus obligaciones ambientales específicas.
¿Implica esto que pueden contaminar libremente? Por supuesto que no. Las normas de emisión, las normas de calidad ambiental, las ordenanzas municipales sobre ruido y aseo, y la legislación sectorial (sanitaria, laboral, de tránsito) siguen aplicando. La diferencia es que no hay un documento integrador que sistematice todas las exigencias ambientales fuera de RCA.
En la práctica, esto genera un riesgo de fragmentación: cada aspecto ambiental queda bajo la competencia de un organismo distinto. El ruido puede ser materia de reclamo vecinal ante el juzgado de policía local. Las emisiones de polvo pueden atraer la atención de la SEREMI de Salud. El mal manejo de residuos peligrosos activa las competencias del Ministerio de Salud bajo el DS 148. Y así sucesivamente.
Como explica Luis Salazar, Ingeniero Ambiental de GreenRiver, en una entrevista reciente sobre cumplimiento en proyectos de infraestructura: «En los proyectos sin RCA, uno de los principales desafíos es la capacitación y concientización de los colaboradores en todos los niveles jerárquicos. Al no contar con este instrumento de gestión ambiental, los compromisos se vuelven más ambiguos y difíciles de cumplir».
Estándares internos: cuando la política ambiental va más allá del mínimo
Un fenómeno creciente en el sector es la adopción de estándares ambientales voluntarios que exceden los requisitos legales mínimos. La Guía de Buenas Prácticas Ambientales para la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ofrece un catálogo de medidas de mitigación organizadas por tipo de impacto: emisiones a la atmósfera, ruido, residuos y relación con los vecinos.
La guía propone, por ejemplo, 21 medidas de mitigación para emisiones atmosféricas, desde la humectación de zonas de trabajo hasta el uso de mallas Raschel en el perímetro, incluyendo la construcción de ruediluvios para lavar las ruedas de los camiones antes de salir de la obra. Para ruidos, las medidas incluyen el uso de hormigón autocompactante para evitar vibradores, la preparación de enfierraduras fuera de obra, y la instalación de barreras acústicas con material absorbente.
La diferencia con una RCA es que estas medidas son voluntarias. Su cumplimiento depende de la política ambiental interna de cada empresa, de las exigencias contractuales del mandante, o de los requisitos de certificaciones como ISO 14001.
El dato duro: la huella ambiental del sector
Un estudio de la CChC estima que la industria de la construcción es responsable de cerca del 17,8% de la huella de carbono nacional. Esto ubica al sector como un actor relevante en la agenda climática del país, y explica por qué la presión regulatoria y reputacional en materia de cumplimiento ambiental va en aumento.
En materia de residuos, la situación es igualmente significativa. Estudios del mismo gremio muestran que por cada 17 pisos construidos, la industria genera el equivalente a 2 pisos de residuos. Esto duplica el estándar internacional y ha motivado iniciativas como la Red de Economía Circular de la Construcción, que busca convertir los residuos de demolición y construcción (RCD) en recursos aprovechables.
ISO 14001 en construcción: la estructura detrás del compromiso
Las empresas que implementan sistemas de gestión ambiental certificados bajo ISO 14001 operan con una lógica distinta. El estándar exige identificar los aspectos ambientales significativos de la operación, establecer objetivos y metas de mejora, y mantener procedimientos documentados para prevenir y controlar impactos.
En el contexto de una obra de construcción, esto se traduce en protocolos escritos para cada actividad emisora. Hay procedimientos para el manejo de sustancias peligrosas (como el uso de láminas de polietileno bajo las zonas de almacenamiento), para la separación de residuos en origen (contenedores diferenciados para inertes, domiciliarios y peligrosos), y para la comunicación con vecinos (avisos de faenas ruidosas, pizarrones informativos, libros de reclamos).
Las certificaciones tienen períodos de vigencia definidos. En el caso de la ISO 14001, su validez es de tres años, lapso durante el cual la organización debe someterse a auditorías bajo organismos externos certificados para mantener su certificación.
El valor de este tipo de sistemas no radica únicamente en la certificación en sí, sino en la estructura de gestión que exige: identificación de aspectos e impactos ambientales, control operacional, cumplimiento de requisitos legales y generación sistemática de registros. Esta trazabilidad permite que, ante una auditoría o una fiscalización de la autoridad, la organización pueda demostrar de manera objetiva qué medidas implementó, cuándo las ejecutó y cómo verificó su eficacia.
Cuando no existe un sistema de gestión formal, las medidas de mitigación suelen carecer de respaldo documental, aspecto que, se podría mejorar mediante un mecanismo sistemático de seguimiento y mejora continua.
Compromiso PRO: sistematizar la experiencia sectorial
A través del programa Compromiso PRO, la CChC ha sistematizado experiencias de empresas que aplican estándares ambientales propios más exigentes que la normativa. El programa incluye metas de reducción de residuos, monitoreo de emisiones y protocolos de relacionamiento comunitario en obra.
La lógica detrás de estas iniciativas es que el cumplimiento reactivo tiene costos ocultos significativos: multas, paralizaciones, conflictos vecinales, daño reputacional. Un enfoque preventivo, en cambio, permite anticipar problemas y gestionarlos antes de que escalen.
BIM y el control ambiental desde el diseño
La Hoja de Ruta BIM de la CChC establece como objetivo que el 70% de los proyectos en Chile adopten Building Information Modeling hacia 2028. Más allá de la coordinación de especialidades y la detección de interferencias, BIM permite modelar y controlar impactos ambientales desde etapas tempranas de diseño.
Un modelo BIM puede calcular volúmenes de excavación (y por tanto residuos), estimar emisiones de transporte según distancias a botaderos, y simular fases constructivas para identificar períodos críticos de generación de polvo o ruido. Esta información alimenta los planes de gestión ambiental antes de que la primera máquina entre al terreno.
Lo que viene: SBAP y cambio climático
El marco regulatorio ambiental chileno continúa expandiéndose. La Ley 21.600 crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que tendrá competencias de fiscalización sobre planes de manejo, restauración ecológica y especies exóticas invasoras. Para proyectos de construcción que intervengan áreas con valor en términos de biodiversidad (reservas naturales y áreas de conservación de múltiples usos (ACMU), implicará estar sujetos a nuevas regulaciones y nuevos fiscalizadores.
La Ley 21.455 Marco de Cambio Climático, por su parte, establece metas de carbono neutralidad y presupuestos sectoriales de emisiones. Aunque el sector construcción no tiene asignado un presupuesto específico en la primera versión de la Estrategia Climática de Largo Plazo, la tendencia es clara: las emisiones de gases de efecto invernadero entrarán progresivamente en el radar regulatorio.
El Reglamento del SEIA ya incorpora la variable climática. Los titulares de proyectos deben considerar «los efectos adversos del cambio climático y especialmente su efecto en el aumento de la vulnerabilidad y exposición de los ecosistemas y las comunidades humanas» al elaborar sus planes de prevención de contingencias.
Matriz de decisión: niveles de cumplimiento ambiental en construcción
Ante este panorama, las empresas constructoras enfrentan una decisión estratégica que puede visualizarse así:
Cumplimiento mínimo legal: Acatar las normas de emisión, ordenanzas municipales y legislación sectorial aplicable. Riesgo: fragmentación del control, dificultad para demostrar cumplimiento, exposición a fiscalizaciones de múltiples organismos.
Cumplimiento RCA: Si el proyecto tiene RCA, someterse estrictamente a sus condiciones. Ventaja: documento integrador. Limitación: la RCA puede no cubrir todos los requerimientos ambientales de obra relevantes (especialmente si es antigua), y su modificación es un proceso largo.
Estándares internos voluntarios: Adoptar buenas prácticas gremiales como las de la guía CChC. Ventaja: anticipación a conflictos vecinales y operacionales. Limitación: costo de implementación sin reconocimiento regulatorio formal.
Sistema de gestión certificado: Implementar ISO 14001 o equivalente. Ventaja: estructura, trazabilidad, mejora continua. Limitación: costo de certificación y mantención, carga documental.
Enfoque integrado: Combinar RCA + estándares propios + sistema de gestión + herramientas digitales (BIM). Ventaja: máxima trazabilidad, mínimo riesgo, mejor posición ante tendencias regulatorias. Requiere: inversión significativa en capacidades organizacionales.
¿Tu empresa tiene RCA vigente y quieres verificar que estás cumpliendo todas las condiciones? ¿O estás evaluando implementar un sistema de gestión ambiental que vaya más allá del mínimo legal? En GreenRiver acompañamos a empresas constructoras en diagnósticos de cumplimiento, simulaciones de auditoría y diseño de planes de gestión ambiental para obra. Conversemos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es una Resolución de Calificación Ambiental (RCA)?
La RCA es el acto administrativo que aprueba o rechaza un proyecto tras su evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Contiene las condiciones, normas y medidas que el titular debe cumplir durante todas las fases del proyecto. El cumplimiento de la RCA es fiscalizado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
¿Qué pasa si mi proyecto de construcción no tiene RCA?
Los proyectos sin RCA igualmente deben cumplir las normas de emisión, normas de calidad ambiental, ordenanzas municipales y legislación sectorial aplicable. La diferencia es que no existe un documento único que integre todas las obligaciones ambientales, lo que puede generar fragmentación en el control y fiscalización por múltiples organismos.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento ambiental en construcción?
Las sanciones de la SMA van desde amonestaciones y multas (hasta 10.000 UTA para infracciones gravísimas) hasta clausura temporal o definitiva y revocación de la RCA. En casos de falsedad maliciosa en la información entregada, el artículo 37 bis de la Ley 20.417 establece sanciones penales.
¿Qué son los estándares ambientales voluntarios en construcción?
Son medidas de mitigación y buenas prácticas que las empresas adoptan más allá de los requisitos legales mínimos. Incluyen las recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales de la CChC, sistemas de gestión ISO 14001, y políticas internas de sustentabilidad. Su adopción es decisión de cada empresa o exigencia contractual del mandante.
¿Qué medidas de mitigación se recomiendan para control de polvo en obra?
Las principales medidas incluyen humectación periódica de zonas de trabajo, uso de mallas Raschel en el perímetro de la obra, construcción de ruediluvios para lavado de ruedas de camiones, estabilización de vías interiores con estabilizadores químicos o riego, y protocolos de aseo interno y externo del recinto.
¿Cómo afecta la Ley Marco de Cambio Climático a la construcción?
La Ley 21.455 establece metas de carbono neutralidad y presupuestos sectoriales de emisiones. Aunque el sector construcción no tiene un presupuesto específico asignado en la primera versión de la Estrategia Climática de Largo Plazo, el Reglamento del SEIA ya incorpora la variable climática en las evaluaciones ambientales, y la tendencia apunta a mayor regulación de emisiones de GEI en el sector.
